Entre el 28 de julio de 2016 y el 2026, Perú atravesara una década marcada por constantes sacudidas institucionales: renuncias, vacancias, breves presidentes interinos y crisis sociales que transformaron la vida política del país. La inestabilidad se expresa también en el hecho objetivo: ocho personas distintas ocuparan la Presidencia de la República en ese lapso —un reflejo de tensiones entre Ejecutivo y Legislativo, crisis de gobernabilidad y procesos judiciales que alcanzaron a exmandatarios. A continuación se presenta un recuento pormenorizado de cada ocupante del sillón presidencial, su llegada al poder, los hitos de su mandato y las circunstancias que condujeron a su salida o continuidad.
1) Pedro Pablo Kuczynski (28 de julio de 2016 – 23 de marzo de 2018)
Pedro Pablo Kuczynski (PPK) asumió la Presidencia el 28 de julio de 2016 tras ganar las elecciones de ese año por una ajustada diferencia. Economista y exbanquero, su gobierno prometió continuidad macroeconómica, inversión en infraestructura y reformas para la competitividad. Sin embargo, su mandato quedó marcado por la sombra del escándalo Odebrecht —como le ocurrió a otros líderes de la región— y por enfrentamientos con el Congreso. En marzo de 2018 Kuczynski presentó su renuncia en medio de presiones políticas y la publicación de videos que complicaron su posición, lo que aceleró su salida del cargo. La crisis política que llevó a su renuncia fue un indicio de lo que vendría: mayor polarización entre poderes y una judicialización de la política.
Hitos y consecuencias: su gobierno fue corto y truncó iniciativas de gestión económica con reformas pendientes; además la renuncia dejó al país en una situación de incertidumbre y obligó a revisar la sucesión constitucional.
2) Martín Vizcarra (23 de marzo de 2018 – 9 de noviembre de 2020)
Martín Vizcarra, quien era vicepresidente y heredó la Presidencia tras la renuncia de PPK, llegó con la misión de estabilizar el Ejecutivo. Proveniente de la región de Moquegua, Vizcarra apostó por una agenda anti-corrupción, promocionó referendos de reforma política y buscó distancia respecto al statu quo parlamentario. Su discurso, inicialmente con buena recepción pública, se enfocó en transparencia y reformas institucionales.
Conflicto con el Congreso y salida: la relación con el Congreso se crispó hasta convertirse en una confrontación abierta. En noviembre de 2020, el Congreso vacó a Vizcarra por supuesta “incapacidad moral”, un proceso que generó protestas y cuestionamientos sobre la constitucionalidad y la motivación política detrás de la medida. Su destitución abrió un periodo de máxima inestabilidad institucional.
Hitos y consecuencias: bajo Vizcarra se impulsaron reformas constitucionales y mecanismos contra la corrupción; no obstante, su salida subrayó la fragilidad del sistema de equilibrios entre poderes y profundizó la crisis política.
3) Manuel Merino (10–15 noviembre de 2020) — el breve interregno
Tras la vacancia de Vizcarra, el Congreso encumbró a Manuel Merino como presidente, en una elección que muchos peruanos percibieron como una maniobra congresal. Merino apenas ocupó el cargo por cinco días: su breve mandato se vio marcado por protestas masivas en todo el país y por la represión que derivó en muertes y heridos. La violencia y la presión social motivaron su renuncia en cuestión de días, y su paso por la Presidencia quedó como uno de los episodios más convulsos y repudiados de la década.
Hitos y consecuencias: la crisis tras la vacancia de Vizcarra y la reacción ciudadana a la presidencia de Merino demostraron la capacidad de movilización social y el rechazo a percepciones de illegitimidad. Su salida precipitó un proceso de recomposición institucional.
4) Francisco Sagasti (17 de noviembre de 2020 – 28 de julio de 2021)
En medio del tumulto, el Congreso eligió a Francisco Sagasti, miembro del Partido Morado y académico, como presidente interino con la misión de pacificar y conducir un gobierno de transición hasta las elecciones generales de 2021. Sagasti se presentó como una figura moderada y se centró en la estabilización democrática: gestión de la pandemia, inicio del proceso de reactivación, y la preparación de un calendario electoral que permitiera una salida institucional.
Hitos y consecuencias: su gobierno transitorio cumplió una función clave: restituir cierto orden institucional tras la crisis de noviembre de 2020 y garantizar la celebración de elecciones legítimas. Quedará en la historia reciente como el Ejecutivo que cerró el capítulo inmediato de 2020 y acercó al país a la renovación democrática.
5) Pedro Castillo (28 de julio de 2021 – 7 de diciembre de 2022)
El triunfo electoral de Pedro Castillo en 2021 representó una ruptura política: maestro rural y dirigente sindical, Castillo llegó con una plataforma que apelaba a las regiones, a la crítica del centralismo limeño y a demandas de cambio estructural. Su gobierno, sin embargo, fue un ejercicio permanente de crisis y tensiones con el Congreso, caracterizado por frecuentes cambios de gabinete y choques con el poder legislativo. Las acusaciones de irregularidades, la polarización y la inestabilidad ministerial marcaron su mandato.
La crisis final y su destitución: en diciembre de 2022 Castillo intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto —una medida que fue ampliamente interpretada como un autogolpe—. El parlamento procedió a su destitución y detención, y esa decisión generó protestas, represión y una grave crisis social, particularmente en regiones andinas y amazónicas donde hubo manifestaciones con víctimas fatales. El episodio derivó en un escenario de emergencia y en el rápido ascenso de la siguiente presidenta.
Hitos y consecuencias: el mandato de Castillo reveló la fragilidad del diálogo político y el descontento regional acumulado, así como la dificultad de implementar cambios profundos sin una base legislativa estable.
6) Dina Boluarte (7 de diciembre de 2022 – 2025, incumbencia y desafíos)
Dina Boluarte, quien era la vicepresidenta de Castillo, asumió la Presidencia tras la destitución de éste en diciembre de 2022. Su llegada representó la continuación constitucional —la sucesión prevista por la Carta Magna— pero la gobernabilidad se vio inmediatamente marcada por protestas masivas, demandas regionales y acusaciones sobre el uso excesivo de la fuerza en la represión de movilizaciones que dejaron numerosos muertos y heridos. Desde su asunción, Boluarte ha enfrentado reclamos de diálogo, crisis en el interior profundo del país y repetidas mociones de vacancia y censura en el Congreso. A lo largo de 2023–2025 su gobierno se vio rodeado de investigaciones, críticas por gestión y denuncias políticas que han erosionado su aprobación.
Dina ha renunciado a su cargo el 09 de Setiembre a las 8:00 pm en un Mensaje a la Nación.
Hitos y consecuencias: la presidencia de Boluarte ha sido un capítulo complejo: asunción por sucesión constitucional, protestas y polarización social, y, según reportes de prensa en 2025, nuevas iniciativas parlamentarias para intentar su destitución. El hecho de que su gobierno arranque en un clima de profunda fractura social ha condicionado su capacidad para implementar políticas de largo plazo.
7) José Jeri (10 de octubre de 2025 – hasta la entrega en julio de 2026)
Asunción y contexto
José Jerí, político y abogado limeño nacido en 1986, era presidente del Congreso cuando se votó la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”. Con un respaldo parlamentario unánime en el momento de la vacancia, Jerí asumió la Presidencia mediante sucesión constitucional para completar el período constitucional 2021-2026.
En su discurso inaugural, Jerí enfatizó que enfrentaría la inseguridad ciudadana, instalando un gobierno de transición con “empatía y reconciliación nacional”.
El plazo que tiene no es el de ejercer un mandato completo sino dirigir el país mientras se convoca y celebra la elección presidencial en 2026.
Prioridades y desafíos tempranos
Uno de sus primeros actos oficiales fue supervisar redadas en cárceles contra líderes de bandas criminales, en una señal clara de priorizar mano dura contra la delincuencia ante la opinión pública.
Sin embargo, su gobierno transitorio se enfrenta a una serie de limitaciones: falta de legitimidad electoral, presión social por protestas, posibilidad de nuevas mociones parlamentarias y un panorama institucional frágil.
8) El Presidente del 2026. Expectativas
Calendario y marco electoral
Las elecciones generales peruanas están previstas para el 12 de abril de 2026, fecha oficial confirmada por autoridades y medios. En esa jornada se elegirán Presidente, Vicepresidentes y reactivar el Senado.
El nuevo presidente electo juramentará el 28 de julio de 2026, fecha en la cual se inicia el mandato constitucional que deberá suceder a la transición.
Escenario político esperado
-
Fragmentación partidaria extrema: ya se ha registrado que 43 partidos están autorizados para postular a la presidencia en 2026, lo que augura una oferta electoral muy dispersa.
-
Polarización y voto de castigo: el histórico desgaste institucional, la crisis de legitimidad de los gobernantes sucesivos y el reclamo social por cambio favorecen candidaturas antisistema o outsiders.
-
Segunda vuelta probable: dadas las múltiples candidaturas y dispersión del voto, es muy probable que ningún candidato alcance el 50 % en primera vuelta, obligando al balotaje entre los dos más votados.
-
Temas clave del debate electoral: seguridad ciudadana (la violencia ha sido un centro de crítica para los gobiernos recientes), lucha contra la corrupción, política regional (las zonas fuera de Lima demandarán más equidad) y reactivación económica.
-
Presión social y legitimidad: será vital que el nuevo gobernante y el Congreso resultante logren credibilidad ante una población con alta desconfianza institucional.
Por qué tanta rotación presidencial (2016–2025)
Las causas de la elevada rotación presidencial en Perú durante este periodo son múltiples y combinadas:
-
Tensiones crónicas entre Ejecutivo y Congreso: una relación marcada por confrontaciones, un Congreso fragmentado y cambios frecuentes en la correlación política que facilitaron mociones de censura y vacancia. La vacancia por “incapacidad moral” se volvió un instrumento de remoción con consecuencias profundas.
-
Judicialización de la política: investigaciones por corrupción (en buena medida relacionadas con el caso Odebrecht) y procesos judiciales que afectaron a exmandatarios, minando legitimidades y elevando la presión pública sobre los gobernantes. Esto derivó en procesamientos y, en varios casos, detenciones preventivas de expresidentes.
-
Crisis social y regional: el descontento en regiones históricamente marginadas (Andes y Amazonía) emergió como fuerza política en momentos clave, evidenciando la desconexión entre la Lima central y las provincias; ello se tradujo en protestas masivas que exigieron respuestas y profundizaron la inestabilidad. Al Jazeera+1
-
Fragilidad de los partidos políticos: partidos personales o coaliciones frágiles, con escasa institucionalidad, dificultaron la gobernabilidad y la formación de mayorías estables en el Congreso. Esto impidió consensos sostenibles para reformas profundas.
-
Cultura política y legado constitucional: analistas han señalado que certainas disposiciones y prácticas políticas facilitadas por la Constitución y la cultura política peruana han contribuido a la volatilidad del sistema. La percepción de que la política se resuelve por presiones parlamentarias y no por consensos sociales ha agravado los ciclos de crisis.
Impactos institucionales y sociales
La sucesión rápida de presidentes impactó al país en varios frentes: erosión de la confianza ciudadana en las instituciones, dificultades para ejecutar políticas públicas de mediano y largo plazo, riesgo país y complicaciones presupuestarias. A su vez, la crisis política afectó la gestión de la pandemia, la inversión y la percepción internacional sobre la estabilidad democrática peruana. La judicialización de la política también generó debates sobre la separación de poderes y los límites del control judicial sobre actores políticos.
Lecciones y retos pendientes (a 2025)
-
Reforma institucional y electoral: muchos analistas proponen reformas al sistema político y electoral para fortalecer partidos, limitar el uso político de la vacancia y mejorar la representatividad territorial.
-
Diálogo nacional y descentralización: una agenda que atienda las demandas regionales y reduzca la brecha Lima-provincia es indispensable para restaurar cohesión social.
-
Transparencia judicial y lucha anticorrupción con garantías: perseguir la corrupción fue un clamor ciudadano, pero el equilibrio entre sanción y garantías judiciales es clave para evitar instrumentalizaciones.
-
Fortalecimiento de consensos para políticas públicas: estabilidad institucional requiere mayor capacidad de diálogo y acuerdos mínimos que permitan continuidad en programas esenciales (salud, educación, inversión).
Entre 2016 y 2026, Perú ha vivido una década de alta volatilidad política: seis presidentes —Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, Boluarte— se turnaron en la jefatura del Estado en un contexto de crisis legislativa, judicialización de la política y conflictividad social. Más allá del dato numérico, estos años dejaron lecciones profundas sobre gobernabilidad, la necesidad de regeneración institucional y la urgencia de atender brechas sociales que la política tradicional no había resuelto. La estabilidad democrática de Perú en los próximos años dependerá en buena medida de la capacidad de sus actores (políticos, judiciales y sociales) de construir acuerdos que permitan enfrentar desafíos estructurales con gobernanza y legitimidad.
About Me
Interviews with talents and professionals from around the world. The best profiles, experiences, tips and competitive opportunities. The secrets of beauty and personal image. Leading women in different sectors, industries and fields. Successful women.
